1. La crisis que está atravesando la Universidad pública en la Comunidad de Madrid está directamente motivada por la ausencia de financiación pública suficiente para llevar a cabo las funciones que le atribuye legislación: docencia, investigación y transferencia del conocimiento. La intervención del Consejero Viciana en la Asamblea de Madrid, señalando que la Comunidad no iba a participar en el grupo de trabajo sobre el modelo de financiación y que iban a seguir financiando “a su manera” pone, de nuevo, a la Comunidad en un ámbito del incumplimiento de las obligaciones legales y coloca a las Universidades en una situación de riesgo real de cierre.

No se puede decir, como dice Viciana, que el artículo 55.2 de la Ley Orgánica de Universidades constituya un mecanismo impuesto por el Estado para que paguen otras, las Comunidades autónomas. Es la consecuencia de que las competencias en materia de Universidades están transferidas a las Comunidades autónomas, con sus correspondientes transferencias de bienes, servicios y créditos presupuestarias, tal como dispone el Real Decreto de transferencia. Lo cual es, a su vez, consecuencia del artículo 29 del Estatuto de autonomía para Madrid. 

2. La cuestión del préstamo de la Comunidad de Madrid a la  Universidad Complutense de Madrid para el pago de las nóminas de los próximos meses constituye un parche difícilmente entendible: no hay financiación suficiente porque la Comunidad lo decide así y la propia Comunidad que incumple sus obligaciones realiza un préstamo a la Universidad que, difícilmente, podrá pagar. De hecho, por documentos internos de la propia Universidad que circulan por el campus, se percibe que no creen que pueda realizarse este pago. 

3. La autonomía universitaria, ese derecho fundamental que tienen las Universidades de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución, requiere financiación suficiente. Y en las Universidades públicas, son las Comunidades autónomas quienes han de cumplirla. Sin financiación no se puede cumplir con la función económico social que tienen las universidades públicas: reitero que no solo es un problema de docencia, aunque sea lo más visible. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario obliga a que a partir de docencia, investigación y transferencia del conocimiento se cumplan al menos 9 funciones. Hoy, en Madrid, hacerlo todo es extremadamente difícil, cuando no imposible. 

4. Los recortes en Universidades provocados por el Gobierno del Partido Popular no son, sin embargo, nueva. Desde el año 2008, el Gobierno del PP ha ido reduciendo las aportaciones a la Universidad. Las sentencias favorables que se obtuvieron, primero en la UCM y después en las demás Universidades, constituyeron otro parche en la medida en que la Comunidad e Madrid lo configuro como un pago ordinario en lugar de lo que realmente fue: un pago por una deuda no satisfecha. Pero a diferencia de lo ocurrido con Carlos Berzosa, que impulso los recursos contra la Comunidad de Madrid, la situación actual es de pasividad ante los recortes: ni se recurre al Defensor del Pueblo ni se recurre, en fin, a otros mecanismos jurídicos para el cobro de daños que se están provocando en la Universidad. Incluso, podría recurrirse a la competencia exclusiva del Estado en el artículo 149.15ª: Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica»

REFLEXIÓN FINAL: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 

La crisis actual está provocada por la Comunidad de Madrid. No hay duda al respecto. 

Ahora bien, el contexto universitario de 2025 en la Comunidad de Madrid es totalmente distinto al que tuvimos en periodos anteriores, ni siquiera los relativamente cercanos que viví como Secretario General de la UCM entre 2003 y 2011. 

Hay más Universidades privadas que públicas, y están utilizando todas las armas competitivas del sector privado para dejarnos fuera de juego. El primer paso han sido los másteres oficiales. Luego vendrán otros campos. Y tienen la financiación extraordinaria de fondos globales, como el fondo capital riesgo que acaba de adquirir la Universidad Alfonso X por 2000 millones de euros.

O se cambia la estrategia de gobierno de las Universidades públicas o nos llevará la corriente. No se puede seguir gobernando igual. O damos el paso a la reacción ante las agresiones a la autonomía universitaria y damos el paso a la proactividad para recomponer nuestra posición o seremos un sueño bonito del pasado. 

La marca de las Universidades públicas no puede ser ni su nacimiento en el siglo XIII ni los premios Nobel que se tienen, como en el caso de la UCM. Es un elemento, pero lo relevante en 2025 es adaptar la estrategia de gobierno y gestión a un contexto complejo, global, competitivo y exigente.  Es un cambio imprescindible para mantener un servicio público en garantía de la ciudadanía y evitando lo que quiere la Comunidad de Madrid: que entren fondos para financiar la Universidad pública.