Ahora que se cumplen 40 años de la legalización del papel del PCE en la transición está siendo objeto de controversia. Partiendo de una discusión en los medios entre Gaspar Llamazares y Alberto Garzón, Javier Cercas publicó un artículo en EL PAÍS al que ha seguido otro de Juan Carlos Monedero en Público dando razones a uno y otro, respectivamente. Fuera de estos artículos, sigue existiendo polémica, tal como muestra la entrevista al actual Secretario General, Alberto Garzón, en términos muy duros contra aquella dirección del Partido.
Creo que para analizar la cuestión el primer paso es recordar algunos aspectos de aquella época.
Contexto del PCE en la transición
El 20 de noviembre de 1975 Franco murió en la cama. Durante los 36 años de dictadura el país no fue capaz de derrocarle. No hubo, a diferencia de Portugal el año siguiente, una revuelta de capitanes que al son de Grandola Vila Morena permitiera derrocar el régimen e instaurar una república socialista, como fue Portugal durante muchos años.Ni tampoco la huelgas y manifestaciones (pese a su importancia, que permitió preparar la transición) pudieron hacer la revolución pendiente y derrocar al dictador. Aquí no, los aparato del Estado tenían la sartén y el mango y, por ello, la capacidad de actuar del PCE y de provocar la ruptura fue mucho más limitada. Y a ello se añadía el cansancio de la sociedad española que no podía hacer cosas hoy normales, como leer un libro, y que tenía a parte de ella en el exilio.
Primero, la actitud del PCE no fue conformista. De hecho, conviene recordar que el PCE no instó a la participación en el referéndum sobre la reforma política de 1976 por las condiciones en las que éste se iba a celebrar. “Abstenerse es votar la democracia” era lo que propugnaba la campaña que se lanzó desde el partido, ya que no se daban en aquel momento las condiciones para unas elecciones libres. El PCE no podría participar.

La situación era conflictiva. Mucho. Dentro de unos días se cumple el 40 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. Un hecho que, como recordó recientemente Antonio Baylos, no ha sido suficientemente investigado y que tuvo el apoyo directo e indirecto de los aparatos del Estado, del llamado coloquialmente bunker. Aquello fue una provocación para amedrentar y para que el PCE llamara a la revolución. Y con ello se abortaría su legalización. El PCE paso la prueba con la organización del sepelio, ya que los servicios del partido hicieron que todo se desarrollará en paz; a pensar de que la tentación y la rabia llevaban a otra cosa.
La legalización del PCE no fue fácil. Acaso convenga recordar también que el Consejo Superior del Ejército emitió un comunicado el 12 de abril de 1977 expresando su repulsa por la legalización del PCE: “Todo el Consejo Superior del Ejército no ve con buenos ojos la legalización del Partido Comunista, y expresa, por tanto, cierta repulsa ante tal legalización. Ante el hecho consumado de la legalización del PC, por patriotismo, y considerándolo como un deber de servicio a la patria, lo aceptan”.
Complicado, teniendo que exponer la bandera monárquica y con cierta dosis de cesión. Pero fue lo que permitió que la democracia española empezara a andar y por ello, en el contexto de 1977, un gran paso adelante. Con sus problemas, pero el primer paso para que se pudiera asentar.
Cuando se convocaron las elecciones, el PCE llenaba estadios y plazas de toros para ver a la Pasionaria y a Santiago Carrillo. Pero en los pueblos la gente seguía con miedo, aunque fuera en las cuencas mineras asturianas, donde la Guardia Civil seguía chequeando quién iba a los mítines, según me contó un candidato de la época.
El debate era democracia o no. Y aquí el papel del PCE en la transición fue claro: traer la democracia como venía defendiendo desde 1956. ¿Qué hubo que pactar? Sí, claro, eso es hacer política. Imagino que Carrillo recordaba lo que decía Lenin en “La enfermedad infantil del izquierdismo” sobre la conveniencia de los pactos para mejorar la situación del partido y cómo los bolcheviques lo utilizaron pasando de ser un partido minoritario a otro que hacía honor a su nombre. O, planteado de forma más general, “como es natural, los revolucionarios muy jóvenes e inexpertos, lo mismo que los revolucionarios pequeño-burgueses incluso de edad muy respetable y de gran experiencia, consideran extraordinariamente “peligroso”, incomprensible y erróneo “autorizar los compromisos”
El PCE en la Constitución
Los resultados electorales no fueron buenos. No fueron lo esperables. Ni en 1977 ni en 1979. Pero no por ello el PCE pasó a ser un partido intranscendente.
La lectura de la Constitución nos muestra la influencia que tuvo el PCE en su redacción. La exigencia de un “Estatuto de los trabajadores” se realizó pensando en disponer de una norma parecida a la italiana, en la que el PCI había colaborado. También hay que recordar que si el artículo 129 aborda el que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Algo parecido hay en el artículo 131, cuando se dispone que “el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. Y, en fin, que el artículo 33 disponga que la función social de la propiedad privada y la herencia delimitará su contenido supone un cambio relevante.
Aquello tuvo día frutos importantes: todo lo que el PCE obtuvo en la Constitución. Hoy sorprende a mis estudiantes cuando les recuerdo que se recoge “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”, cuando se habla del papel del Estado en la economía, la reserva de actividades al sector público o la limitación de facultades del derecho de propiedad, para cumpleaños de con la función social del derecho. El llamamiento al Estatuto de los Trabajadores servía para recordar el italiano, muy favorable a estos.
Que la Constitución española empiece señalado que “España es un Estado social” se debe muy especialmente al PCE.
Desde luego la evolución posterior no ha ido en el sentido de una lectura máxima de estos preceptos. El electorado nunca le dio apoyo suficiente. Pero no por ello se debe pensar que cayó aquello en saco roto. Además, la participación del PCE en normas esenciales de aquella época demuestra la capacidad técnica de los que colaboraron en aquella época. Pero es cierto también que la ley electoral que recoge la Constitución no fue la mejor, ni que la decisión popular hubiera sido la mejor solución. Pero esto no transforma en negativo los aspectos positivos que hay en el texto constitucional.
El PCE en la transición entró en los ayuntamientos
Los resultados electorales fueron malos para el PCE tanto en 1977 como en 1979.
No cumplieron las expectativas por razones variadas que van desde la propia campaña al miedo ciudadano. Un 9%, 1700000 de los electores le dieron su apoyo en 1977. La participación, de hecho, no fue abrumadora el 15 de junio de 1977.
Pero el mayor cambio que se pudo ver en España vino con la participación el PCE.

Las principales ciudades de España tuvieron alcaldes de izquierda gracias al acuerdo entre PSOE y PCE. Recordar lo mucho bueno que se hizo entonces, tal como se ha hecho con los ayuntamientos d l cambio supone recordar el papel que tuvo el PCE. El dato relevante es que veinte millones de personas vivían en Municipios cuyos Ayuntamientos estaban dirigidos o por Alcaldías del PSOE (unos 1000) o del PCE (unos 300).
El PCE en la transición: su difuminacion.
Abril de 1979 debió haber supuesto el relevo generacional. No se hizo y las consecuencias fueron de gran envergadura.
De hecho, a partir de entonces el PCE tuvo sus crisis graves, territoriales y nacionales. La dirección no vio lo que se venía encima y es llamativa su falta de reacción: ni siquiera fue capaz de aprovechar la crisis marxista del PSOE y el “hay que ser socialistas antes que marxistas” de Felipe González en 1979 y la comisión gestora antes de la celebración del congreso extraordinario que se celebró cuatro meses después, en 1980.
El PCE fue barrido por el huracán del PSOE de 1982. 4 diputados quedaron, en las circunscripciones Madrid , Barcelona, Sevilla y Asturias. Luego vino el referendum de la OTAN, la creación de Izquierda Unida y otra historia que no corresponde para este post.
2017
Y todo lo anterior ¿que consecuencias tiene?
Primero un problema de metodología: la historia hay que examinarla de acuerdo con las condiciones en que se desarrollaron los acontecimientos. Hacerlo de otra forma no conduce sino a la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue. Y se puede ser injusto para sus participantes.
En segundo lugar, reivindicar la cultura del pacto como forma de hacer política. No hay un bloque hegemónico en España. La legislatura frustrada hubiera sido excelente para conseguir ventajas importantes en calidad democrática y hubiera permitido mejorar condiciones de vida de la gente. Hoy tenemos a Rajoy de Presidente del Gobierno.
En tercer lugar, reivindicar la transición, reivindicar el papel del PCE en la transición y de la izquierda supone no regalarla a aquellos herederos de los que no querían cambiar la situación, aquellos que no querían legalizar el PCE y que en el fondo no querían democracia (algunos de los cuales, de hecho, votaron no a la Constitución). Al relato de la transición, al que recuerda las protestas y las manifestaciones, los detenidos le perjudica la visión negativa que se puede traslucir de la polémica sobre el papel del PCE en la transición.
La izquierda, y el PCE a la cabeza, hizo mucho porque tuviéramos un régimen democrático, incluso con los elementos críticos que se pueden poner a la Constitución de 1978.. Hoy otros, los de la derecha, se arrogan ese papel de ser un partido constitucionalista a pesar de que en aquella época había que arrancar cada trozo de democracia. Y eso no significa que sea perfecta. La crítica constrictiva hará que el futuro mejore. En otros posts de este blog he señalado aspectos que debería mejorarse.
En cuarto lugar, todo lo anterior, y en particular la discusión entre Llamazares y Garzón -y lo que representa cada uno- no debe hacernos olvidar que ahora es el momento de la reforma constitucional. Hay mucho que cambiar, desde los derechos ciudadanos al título VIII de la organización territorial del país; de los mecanismos de control del gobierno a las reglas constitucionales sobre las elecciones; del reconocimiento de la realidad plurinacional a asumir las consecuencias de la integración europea. Y es ahora donde cada uno se verá retratado en lo que propone, cómo lo hace, en lo que rechaza y en lo que obtiene.