Universidad Pública Madrileña
El próximo domingo, en el marco de la manifestación por una enseñanza pública de calidad, las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid tienen una nueva oportunidad de reclamar una financiación suficiente para el desarrollo de su actividad, en los términos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español y del artículo 27.10 de la Constitución. Sin financiación suficiente no hay Universidad pública ni autonomía universitaria..
Un poco de historia
En la primera década de este siglo, la Universidad pública madrileña se encontró en una situación parecida cuando el Gobierno autonómico, presidido por Esperanza Aguirre, suprimió el Plan de Inversiones de la Universidad madrileña. En aquel momento, Carlos Berzosa, Rector de la Universidad Complutense, inició un proceso largo de reclamación judicial anual ante el incumplimiento autonómíco, en el que participé. El objetivo era reclamar las cantidades que cada año no aparecían en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Cuando presentamos la primera demanda, hubo cierta perplejidad, que se transformó cuando empezamos a obtener sentencias favorables.
Hubo incluso resistencias internas a la interposición del recurso, sin que hubiera ningún argumento de peso contra el mismo, más allá del manido de «que no lo veo», que es el que suele estar marcado por el miedo y el conformismo.
De esas sentencias estuvo viviendo la Universidad madrileña durante años, en sentencias favorables, que provenían de procedimientos que eran miméticos a los que diseñamos desde la Complutense.
Aspectos jurídicos en el contexto universitario actual
El contexto jurídico actual no es igual a la de entonces. Es muy parecido. No hay un contrato programa de inversiones firmado, pero el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español dispone que “el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley orgánica”.
Un precepto que se conecta con el artículo 155 de la Ley Orgánica de Educación, que obliga a “la equiparación progresiva a la media” de los países de la Unión Europea.
No se puede, por tanto, decir que no hay base legal. Más allá de que esa base legal se fija en el 1% del PIB (lo que suponen, en datos de PIB del año 2023, aproximadamente 3000 millones de euros anuales para la Universidad Pública madrileña) hay un mandato de garantía de la autonomía universitaria: “las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos” (artículo 55.1. LOSU) y la suficiencia financiera es un aspecto inescindible de la autonomía que recoge el artículo 27.10 de la Constitución ya citada.
Que no se llegue hoy a los 3000 millones es razonable, dado que ha de ser progresivo. Pero eso no elimina dos elementos: la progresividad debe suponer un camino claro hacia el objetivo, lo que no se ve en este momento. Y el modelo de financiacion debe estar configurado con el objetivo del 1% en 2030.
Y, en segundo lugar, han de arbitrarse los pagos progresivos hacia el 1% durante la fase de fijación del modelo de financiación, que permitan el desarrollo de la autonomía para poder cumplir con su función social. No podemos permitir que durante el proceso, la Universidad debe morir de inanición.
La situación actual
Cuando se presentó la primera demanda en 2009, la situación de la Universidad madrileña era mucho mejor que la actual. Pensemos que la UCM no ha llegado en 2024 a la cuantía presupuestaria que teníamos en 2011.
Más aún, desde las elecciones autonómicas de 2011 se atravesó un auténtico desierto en financiación. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González y ahora Isabel Diaz Ayuso fueron ajustando un presupuesto que ha dejado a la Universidad pública en los huesos.
Esa falta de inversión en la Universidad pública ha contribuido a que no haya una renovación suficiente del profesorado y, lo que es más grave, que nos encontramos sin presupuesto para personal de investigación que deberá atender las necesidades docentes y de investigación futuras.
La falta de inversión también provoca que las instalaciones tienen unos problemas históricos, que son especialmente graves en la UCM, donde se han calculado en unos 700 millones de euros. Para que nos fijémos en las magnítudes de otros países, la Universidad de California, pública, ha incrementado entre 2011 y 2025 sus presupuestos de 1900 millones de dólares a 3100. Oxford ha subido un 17% en los últimos cinco años después de un crecimiento sostenido; que ha hecho que suba de 900 a 2100 millones entre 2011 y 2025. En la Sorbona de París, en los últimos cinco años la subida de presupuesto ha sido de 300 millones de euros. En la UCM no hemos llegado a las cifras de 2011, con el agravante de que la inflación ha sido del 31,2%.
La solución que se empieza a ver es la reducción de grupos aumentando el número de estudiantes en cada uno de ellos, perdiendo calidad en la docencia y el aprendizaje.
La situación del profesorado también es deficiente. Se pretende que se sea sólo docentes y no investigadores al reconfigurarse el modelo de dedicación universitaria. Y todo ello, después de haber perdido el complemento salarial autonómico. Si hablamos de equiparación salarial del profesorado universitario público, en la Comunidad de Madrid no hay duda de que se abonan los salarios más bajos.
La Universidad no sólo es docencia, es investigación. La paralización de proyectos de investigación por falta de recursos supone no sólo un obstáculo en la consecución de resultado y, en el caso de que alguno se pueda reiniciar, la actualización supone un gasto añadido en tiempo y recursos. No hay que olvidar que el personal investigador busca alternativas en otros lugares donde haya ciencia cuando no encuentra apoyo.
No tener la financiación suficiente para acudir a congresos científicos y no poder afrontar económicamente el coste de hacer estancias de investigación en el extranjero repercute en la calidad de nuestro profesorado, que no puede acceder a los últimos avances cientificos. No tener presupuestos para libros, como ocurre en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la UCM, repercute en el conocimiento de estudiantes e investigadores que no pueden actualizar conocimientos sin acceso a las novedades del exterior o el interior. No poder renovar los equipos informáticos supone que hay procesos que están fuera de las posibilidades del profesorado madrileño.
Una foto viral
En la UCM y en la UAM se han constituido plataformas que han iniciado el camino para la reivindicación de una financiación necesaria para cumplir nuestra función de docencia, investigación y transferencia del conocimiento a la sociedad. En este contexto, las plataformas estarán presentes el próximo domingo en la manifestación que hay convocada en Madrid. La máxima representación de la Universidad la tienen sus Rectorados, de acuerdo con lo que señala el artículo 50 de la LOSU. Ni que decir tiene que LA FOTO viral de la manifestación del domingo sería la de los 5 rectores y la rectora en defensa de la Universidad pública madrileña. ¿La veremos?
